A finales de 2018, el Gobierno anunció la aprobación de Kymriah, un novedoso procedimiento terapéutico, enmarcado dentro de las denominadas inmunoterapias celulares (CART) que aprovechan la capacidad de las células de nuestro sistema inmunitario para reconocer y atacar el tumor. Kymriah es la primera terapia de este tipo aprobada en España y está destinada a tratar la leucemia linfoblástica aguda (LLA), un tipo de cáncer de la médula ósea y de la sangre que afecta especialmente a niños y jóvenes menores de 25 años.
Una vez aprobada, en No es Sano realizamos, a través del portal de Transparencia, una petición al Ministerio de Sanidad para conocer su precio y los criterios terapéuticos y económicos que justificaban su aprobación.
Ver:
"No es sano..."
En enero de 2019, el Gobierno nos envió un escrito con el precio de financiación del tratamiento, que alcanza los 320.000 euros en España. Sin embargo, en el caso de los criterios, ofreció una información genérica e incompleta que no respondía a nuestra solicitud. Por ello, acudimos al Consejo General de la Transparencia, organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública, que falló nuestro favor e instó al Ejecutivo a facilitar esta información.
Ver:
Medicina de precisión: Precisamente...el precio.
Novartis: Kymriah, un fármaco de 475 000 dollars el tratamiento
En este punto, la compañía farmacéutica Novartis ha decidido llevar el caso a la Justicia para paralizar el proceso e intentar evitar por vía judicial que No es Sano, y por tanto la ciudadanía, tenga acceso a esta información.
La empresa ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia y la campaña estará en el proceso representada por dos de sus organizaciones: Salud por Derecho y OCU.
“La resolución del Consejo de la Transparencia considera que esta información debe estar disponible porque es de interés público, que es algo que llevamos años defendiendo desde Salud por Derecho y desde la campaña No es Sano; y que respaldan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, con este movimiento, Novartis intenta hacer prevalecer sus supuestos intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía y, por eso, nos personamos en este proceso”, recuerda Vanessa López, directora de Salud por Derecho.
Por su parte, la directora de comunicación y relaciones institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu, asegura que “es fundamental conocer en base a qué datos el Ministerio establece el precio de financiación de las nuevas terapias innovadoras, sobre todo cuando se conocen estimaciones de que su coste de desarrollo es significativamente inferior”.
Según Izverniceanu, “estos medicamentos se financian vía impuestos y cada euro de más que pagamos a los laboratorios farmacéuticos es un euro de menos que deja de invertirse en otras necesidades del sistema nacional de salud. Y Kymriah es solo el primero de una amplia lista de agentes similares que están por llegar”.
Ver:
CRISPR/Cas9 and CAR-T cell, collaboration of two revolutionary technologies in cancer immunotherapy
La polémica con el Kymriah se remonta al pasado noviembre, cuando en una primera reunión la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos rechazó dar luz verde a la financiación pública del fármaco. Esta decisión, sin embargo, cambió dos semanas más tarde. La razón fue, según Sanidad, que la compañía accedió a que la financiación del fármaco entrara dentro del nuevo modelo denominado "pago por resultados", por los que las farmacéuticas ingresan la totalidad del precio de venta si sus productos cumplen con lo establecido en los ensayos clínicos.
Pago por resultados |
Ver:
‘Valtermed’: información objetiva, real y compartida de los resultados de los medicamentos en el SNS
Ver:
Novartis beats Q3 consensus; guidance revised upwards
"Entendemos
que que
si bien la legislación configura
de forma amplia
el derecho de
acceso
a la información pública,
este debe ser ponderado
y, en su caso,
limitado,
cuando entra en conflicto
con otros derechos protegidos"
Novartis ha contestado por escrito a este diario que ha recurrido judicialmente "porque pese a ser la compañía que comercializa el Kymriah no fue informada en ningún momento del procedimiento". "En este caso se abordarán los límites al derecho de acceso a la información pública", sigue la respuesta. "Entendemos que que si bien la legislación configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, este debe ser ponderado y, en su caso, limitado, cuando entra en conflicto con otros derechos protegidos", añade la compañía.
Novartis concluye su escrito recordando que "la única decisión que ha tomado el juzgado es solicitar preventivamente al Ministerio que, en tanto no se resuelva la cuestión de fondo, no entregue la información al interesado".
"Con el recurso, Novartis intenta hacer prevalecer sus supuestos intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía", ha lamentado hoy lunes Vanessa López, directora de Salud por Derecho, otra de las entidades que forma parte de la plataforma. Para la directora de comunicación de la OCU, Ileana Izverniceanu, "es fundamental conocer en base a qué datos el Ministerio establece el precio de financiación de las nuevas terapias innovadoras".
La organización ha añadido que esto es especialmente importante cuando "se conocen estimaciones de que el coste de desarrollo del fármaco es significativamente inferior".
"la
relación
con la mejora de la supervivencia
en algunas de las nuevas
terapias innovadoras
es muy débil
en comparación
con los fármacos ya
existentes".
Ramón Gálvez, de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM, otra entidad de la plataforma) sostiene que "es primordial que quede justificado de forma transparente cada euro destinado a las terapias innovadoras, ya que como hemos visto en estudios presentados en el reciente congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (Esmo, en sus siglas en inglés), "la relación con la mejora de la supervivencia en algunas de las nuevas terapias innovadoras es muy débil en comparación con los fármacos ya existentes".
Para Juan José Sendín, que responde a este diario como vicepresidente de la AAJM, es “fundamental defender que en la gestión de todo lo público reine la transparencia”. “Todo lo que no se pueda contar es sospechoso de estar contaminado y favorecer la corrupción, algo especialmente grave cuando hablamos de la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, añade Sendín, que también preside la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial.
Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de la espiral alcista que algunas de las nuevas terapias contra el cáncer estaban causando en la factura farmacéutica, hasta el punto de poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. La OMS alertó que "pese a las mejoras en salud, supervivencia, calidad de vida y modelo de atención al paciente” logrado con algunos tratamientos, “la literatura indica que una considerable proporción de terapias dirigidas que se han aprobado en los últimos 15 o 20 años solo muestran mejoras en objetivos secundarios [como el tamaño del tumor] sin mejorar la supervivencia ni la calidad de vida”.
Incluso en aquellos fármacos con algunos beneficios limitados, la OMS cuestiona si está justificado su elevado coste: “Algunos medicamentos muestran solo pequeños beneficios, con una media de supervivencia de tres meses, marginal según los expertos”.
Este organismo, por último, negó que los altos precios de algunas terapias estén justificados por los “costes de investigación y desarrollo de los nuevos medicamentos”. “Estos tienen poca o ninguna relación con la forma en que las empresas fijan los precios de los medicamentos oncológicos”, concluyó la OMS, que destacó “la falta de transparencia” que impera en un ámbito en el que son frecuentes los “acuerdos confidenciales” entre Gobiernos y laboratorios.(Más)
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