Un total de 170 personalidades mundiales, entre ellos premios Nobel, ex jefes de Estado y ex primeros ministros, enviaron una carta a Joe Biden, presidente de EE UU, para pedirle la suspensión temporal de las patentes de las vacunas de la covid. “Han sido la inversión pública y la colaboración internacional las que han traído las vacunas”, dicen. Lo confirma un estudio que revela que el fármaco de Astra Zeneca se financió en un 97% con fondos del Reino Unido, la UE y otros organismos públicos.
El estudio más ambicioso hasta la fecha sobre la financiación de las vacunas frente al coronavirus, en este caso la de AstraZeneca, revela que la industria farmacéutica soportó menos del 3% de los costes de investigación. La mayor parte de los 120 millones de euros invertidos llegaron del Gobierno del Reino Unido (45 millones), la Comisión Europea (30 millones) y entidades financiadas también con fondos públicos (centros de investigación y fundaciones). Esta prueba de lo relevante que ha sido la financiación pública vuelve a poner sobre la mesa el tema de la liberación de patentes, extremo por el que 170 personalidades mundiales enviaron ayer una carta al presidente de EE UU, Joe Biden, para pedir la suspensión temporal de estas licencias.
“Han sido la inversión pública y la colaboración internacional las que han traído las vacunas”, resumen en un comunicado los autores del estudio, investigadores de la organización independiente Alianza de Universidades por las Medicinas Esenciales en el Reino Unido.
El trabajo, avanzado ayer por el diario británico The Guardian y pendiente de ser revisado antes de su publicación en una revista científica, rastrea cientos de millones de ayudas públicas a la investigación en las últimas dos décadas y localiza las que han hecho posible la vacuna.
Estas nuevas informaciones avivan el debate sobre la posibilidad de dejar sin efecto el sistema de patentes que impide fabricar vacunas a otros productores que no sean los titulares de las licencias. Esto, apuntan los críticos, está retrasando la inoculación a la totalidad de la población mundial. Así lo evidencia que nueve de cada 10 dosis se han pinchado en los países ricos, mientras los más pobres tendrán que esperar meses o incluso años. Este escenario, más allá de la ética, aumenta el riesgo de que surjan variantes del virus que hagan ineficaces las vacunas, según los expertos. La suspensión temporal de las patentes mientras dure la pandemia ha ganado adeptos en los últimos tiempos, como evidencia la carta pública remitida a Biden. Entre los firmantes están los expresidentes del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, el expresidente francés, François Hollande o el ex primer ministro británico Gordon Brown. “Estamos esperanzados por las informaciones según las cuales vuestra Administración está examinando una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual de la OMC [Organización Mundial del Comercio] durante la pandemia, como propusieron Sudáfrica y la India” el pasado otoño, continúa.
La OMC ha sido tradicionalmente el foro en el que los países ricos —en los que tienen su sede las grandes farmacéuticas— han defendido los intereses del sector. “De hecho, la exención de las patentes la están paralizando en este organismo un grupo muy reducido de gobiernos, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Japón. Sin este veto, nuevos actores podrían incrementar la producción”, explica Irene Bernal, investigadora de No Es Sano, entidad que aboga por el acceso universal a los fármacos y el fin de las patentes.
Tercera vía
La Comisión Europea defendió hace 10 días que la escasez de vacunas “no se resolverá suspendiendo las patentes” porque hay “una insuficiente capacidad de producción”. José Félix Lobo, catedrático emérito en Economía de la Universidad Carlos III (Madrid), coincide en que “a corto plazo, la suspensión de las patentes no resolvería el problema” y añade que “para lograr que [las vacunas] lleguen a los países más vulnerables, es necesario dotar de más recursos a Covax [coalición participada por la Organización Mundial de la Salud] y establecer mecanismos para que las vacunas encargadas de más por los países ricos sean reenviadas a los que no tienen. Reformar el sistema de patentes es necesario, pero ahora no es lo más prioritario”. Guillem López-Casasnovas, director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), recuerda que “la OMC ha tenido siempre un mecanismo para la exención temporal de las patentes”. “Ejecutarlo solo requiere la voluntad de los gobiernos, pero antes deben ponerse de acuerdo, asumir la indemnización a la farmacéutica y aceptar el precedente que genera”, añade.
En la OMC ha surgido la llamada tercera vía, propuesta a principios de marzo por una decena de países, entre ellos Australia, Canadá, Chile y Colombia. Esta iniciativa aboga por impulsar acuerdos entre farmacéuticas para que las titulares de las patentes puedan ceder la producción de más dosis a otras compañías. Para la UE, esta es la mejor fórmula para incrementar la producción durante los próximos meses. No Es Sano, en cambio, la ve como un “movimiento defensivo del sector y una solución que no ataca el problema de raíz, que es el obstáculo que las patentes suponen para que vacunas y otros medicamentos lleguen a todos”. (Ver)
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