miércoles, 29 de noviembre de 2023


 

El pasado mes de agosto entró en vigor la la Ley de Servicios Digitales, dirigida a asegurar la retirada de productos ilegales o inseguros que se venden en la Unión Europea a través de plataformas en línea, incluyendo la comercialización creciente de medicamentos y productos farmacéuticos falsos. En este contexto, la Comisión Europea ha abierto una investigación contra la plataforma china de comercio electrónico, AliExpress, por presuntamente haber comercializado diferentes productos falsos, entre los que se encuentran medicamentos.

“La Ley de Servicios Digitales no es solo para controlar los discursos de odio, desinformación o ciberacoso. También se ha aprobado para asegurar la retirada de los productos ilegales o inseguros que se venden en la UE a través de plataformas online, incluida la comercialización creciente de medicamentos y productos farmacéuticos falsos, que son potencialmente perjudiciales para la salud”, así lo ha explicado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en un comunicado difundido este lunes.


En concreto, la Comisión Europea ha pedido a la famosa tienda online que explique en detalle las acciones y la política que están implementando para evitar la circulación de estos productos ilícitos, en especial, los medicamentos falsificados. Además de evaluar los riesgos asociados con la difusión de contenidos ilegales y perjudiciales de este tipo de plataformas.

Una vez abierto este expediente, es la propia empresa la que tiene que presentar sus alegaciones y la documentación requerida para defenderse, hasta el 27 de noviembre. Además, según ha señalado la Comisión, detallará los próximos pasos del caso, entre los que se incluye la apertura de un procedimiento formal según el artículo 66 de la mencionada ley.

Además, según han explicado en el comunicado, la Comisión puede imponer multas por información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud de información. Y en el caso de que falte esa respuesta, por parte de AliExpress, la CE podrá imponer multas coercitivas, que alcanzarían un 1% de la facturación global de la compañía.

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