Sanidad alertó en septiembre de un aumento en el consumo de opiáceos: hasta un 51% entre 2013 a 2019, las dosis pasaron de 3,57 a 5,42 por cada 1.000 habitantes y día
El fentanilo es el principio activo más frecuente
Carmen Torrente Madrid
España no es EEUU, ni por modelo de farmacia ni por sistema sanitario, pero las consecuencias de la epidemia de opioides al otro lado del Atlántico hacen que nos planteemos tomar medidas preventivas. Sanidad publicó el pasado 22 de septiembre un plan para optimizar su uso en dolor crónico no oncológico.
Al otro lado del océano, aproximadamente entre el 21% y el 29% de los pacientes que toma opidoides bajo prescripción médica para tratar el dolor crónico los usan de forma inapropiada. En 2020, en concreto, 2,7 millones de estadounidenses de 12 años en adelante sufrieron trastornos por uso de opioides, de los que 2,3 millones los tenían recetados.
Aquí, el 15,2% de la población de 15 a 64 años reconoce haber consumido analgésicos opioides con o sin receta en alguna ocasión, porcentaje que se eleva al 22,8% en personas mayores de 64 años, según la Encuesta sobre Alcohol y Drogas de 2019/20. En la población de 65 años o más, el dolor agudo es el principal motivo de consumo de analgésicos opioides, referido por el 50% de las personas encuestadas. Los siguientes motivos son el tratamiento postoperatorio (33,4%) y el dolor crónico (33,0%). Con menor frecuencia refieren tomar analgésicos opioides para el dolor que no se calma con otros medicamentos y por otras razones. Las causas son similares en la población menor de 65 años.
En nuestro país la prescripción y dispensación de estupefacientes tiene una regulación muy estricta (Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre). Tanto es así que cada mes de enero las farmacias y servicios de farmacias deben notificar los movimientos anuales a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) a través de una aplicación, Labofar, disponible desde 2015. Aparte, hay tres comunidades autónomas (Cataluña, Aragón y Baleares), junto a la ciudad autónoma de Melilla, que tienen sus propios sistemas para la declaración anual de estupefacientes, acordados con las consejerías de Sanidad.
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Juana Sánchez Jiménez, responsable del Grupo de trabajo de Dolor de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y directora del centro de salud de Daroca, en Madrid, participó como consultora en el grupo de trabajo del Ministerio. ¿Podríamos llegar al extremo de EEUU? «Yo creo que no, porque somos países muy distintos respecto a la legislación y al sistema sanitario que tenemos, si es que seguimos conservando nuestro sistema sanitario a la larga, que es muy garantista. Es decir, la atención primaria en España es fuerte y, además, obliga a que, cuando prescribes un opioide, cada tres meses hay que revisar esa medicación».
Por su parte, María Edelmira Córcoles Ferrandiz, coordinadora del Grupo de Dolor de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac) señala que «el dolor debe ser tratado, porque necesitamos una mejor calidad de vida o capacidad funcional, ya que el dolor no desaparece. Cada médico es el que prescribe y nosotros tenemos que dar una buena dispensación».
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15,2% Españoles de entre 15 y 64 años admite haber tomado estos fármacos con y sin receta. Ver
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