En España, el código civil prevé las demandas colectivas desde el año 2000.
El caso de la talidomida, sobre el que el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid se pronunció la semana pasada, es la última demanda millonaria a la que se enfrenta un laboratorio farmacéutico, en este caso el alemán Grünenthal. Pero no será la última.
Si bien lo más habitual siguen siendo los procedimientos relacionados con violación de patentes, el sector percibe un número creciente de demandas interpuestas por pacientes, que en algunos casos se saldan con indemnizaciones que superan las ocho cifras. La más cuantiosa es la que pagó en un acuerdo extrajudicial la farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK) el año pasado, de 3.000 millones de dólares (2.215 millones de euros) por promocionar de manera ilegal los antidepresivos Paxil y Wellbutrin en EEUU.
A principios de este mes, Johnson & Johnson llegó a otro acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, también por promocionar varios medicamentos para usos no aprobados por la FDA. Además, la multinacional habría pagado propinas a algunos médicos y distribuidores farmacéuticos de EEUU. La compañía ha aceptado el pago de más de 2.200 millones de dólares, con lo que se convierte en la tercera mayor multa del sector en los últimos tiempos, por detrás de la de GSK y de los 2.300 millones de dólares que Pfizer abonó en 2009, también por suministrar fármacos para usos no autorizados. En estos tres casos, la indemnización fue aprobada extrajudicialmente y la denuncia fue interpuesta por un colectivo. (Más)
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