Poco a poco, el tema de la negociación del AcuerdoEstratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) en México ha comenzado
a interesar a otros actores involucrados. Tal es el caso de la Asociación
Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), quien se ha manifestado en contra de que el país suscriba este acuerdo por considerar que impactará de
forma negativa en el acceso a medicamentos.
Al igual que con ACTA*, el capítulo de propiedad intelectual
de TPP -o lo que sabemos de él hasta ahora- está diseñado para proteger las
patentes de medicamentos. Actualmente, en México un medicamento está bajo
exclusividad durante un periodo de 20 años; dicho lapso comprende desde que se
hace el registro hasta que se comercializa el producto. En promedio, un
laboratorio tarda 10 años en desarrollar un medicamento para esté listo para venta,
lo que lo deja con otros 10 años para obtener ganancias sin competidores.
De acuerdo con Ricardo Romay, presidente de la Amelaf, TPP
buscaría extender la patente unos cinco años más, dotándole de 25 años de
protección. Sin embargo, Romay señala que 10 años son más que suficientes para
tener ingresos que permitan a los laboratorios financiar sus investigaciones.
La presión para aumentar el tiempo de patente viene de los laboratorios grandes
de Estados Unidos, quienes claman que el desarrollo de producto dura 15 años,
por lo que sólo tienen cinco para venta exclusiva.
Cuando una patente se vence, lo que ocurre es que otros
laboratorios pueden usar la fórmula para producir sus propias versiones. Lo que
se busca a través de TPP es extender el tiempo que se comercializa sin
necesidad de competencia. El problema es que este modelo evita que haya
disponibilidad de medicinas genéricas, las cuales son utilizadas incluso por el
sector de salud pública. En México, el Instituto Mexicano de Seguro Social
(IMSS) está obligado por decreto a preferir medicamentos genéricos a los de
patente.
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Es importante recordar que TPP es un acuerdo comercial agresivo que no se debe reducir a un tema de copyright y descargas; es un
atentado contra los derechos fundamentales. Hace una semana, Amnistía Internacional advirtió que el contenido del acuerdo violentaba el derecho a la
libertad de expresión y el acceso a la salud. Queda un mes antes de que México
ingrese a la ronda de negociaciones de un documento opaco y ventajoso para los
intereses particulares.
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