Franco Varise LA NACION (13.09.2009)
El comercio de medicamentos adulterados, falsificados y robados en la Argentina pasó de un reducido 1 por ciento del total en 2000, a un 3 por ciento en 2004, a un 7 por ciento en 2006 y un 10 por ciento en 2009, según datos de los laboratorios y la industria farmacéutica.
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Pacientes desesperados con enfermedades crónicas y medicamentos adulterados: una combinación nefasta. Esto es lo que comenzaron a notar con mayor asiduidad los fiscales de Pompeya, Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez.
Lo llamativo es que en el 80 por ciento de las causas aparecían los mismos nombres: entre ellos las droguerías Bairesmed, Seacamp y Sanford (del asesinado Sebastián Forza) y San Javier (de Néstor Lorenzo, que fue detenido y excarcelado).
Forza apareció muerto a tiros en agosto del año pasado junto a Damián Ferrón y Leopoldo Bina, en un zanjón de General Rodríguez y, Lorenzo, está como principal imputado en el juzgado federal N° 5, a cargo de Norberto Oyarbide. Los investigadores creen, de todos modos, que esto es apenas la punta del ovillo de algo muy grande.
"El descontrol de medicamentos favorece el narcotráfico: cocinas que empiezan falsificando remedios, terminan produciendo éxtasis y gente que prueba fármacos que no necesita para continuar con drogas de abuso", dijo Peretta.
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Según datos de Peretta, en 2000, las droguerías habilitadas no eran más de 90 y hoy superan las 400. Según la reglamentación de la Anmat, una droguería debería poseer infraestructura y logística suficiente para almacenar y distribuir productos sanitarios a farmacias, clínicas y hospitales.
Sin embargo, según Peretta, "aparecieron droguerías en espacios tan reducidos como una oficina o apenas con una casilla postal -las denominadas cuevas- para canalizar remedios falsos".
De hecho, en una resolución de la Anmat se le prohibió a la droguería San Javier, de Lorenzo, operar fuera de la ciudad de Buenos Aires, después de comprobar que le había comprado el medicamento Beriate P 1000 adulterado a Bairesmed, unas de las empresas de Forza.
Cuando los inspectores llegaron a San Javier notaron que no contaba con las bodegas habilitadas para mantener los medicamentos en las condiciones necesarias. Lorenzo declaró a la Anmat, según consta en el expediente, que el lugar de abastecimiento de los medicamentos de San Javier se encontraba en la Obra Social Bancaria, que, por cierto, tampoco contaba con la habilitación de la Anmat.
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