Lo que se pretende por parte de las empresas titulares de patentes ha sido la aplicación con carácter retroactivo de unos convenios internacionales que España suscribió en 1995, los acuerdosADPIC. Para ello, los laboratorios no han dudado en acudir reiteradamente a los tribunales y a la administración, con el fin de extender los derechos monopolísticos más allá de la fecha límite en la que fueron concedidos.La aplicación de esta medida conllevaría un grave perjuicio al incrementarse el gasto para el Sistema Nacional de Salud, así como para los pacientes. Tal y como se ha llegado a estimar, el sobre-coste que alcanzaría sería superior a los 3.600 millones de euros -distribuido a lo largo del tiempo de la manera que muestra el Gráfico 2.8-, de los cuales el 94 por ciento repercutiría directamente en los presupuestos del Sistema Nacional de Salud y el resto en los bolsillos de los ciudadanos.
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