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Durante su programa de radio, el 3 de julio pasado, la fiscal general de Venezuela se juró a sí misma y a la audiencia que redactaría un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos para sancionar a aquellas emisoras, televisiones, diarios y páginas web que con sus informaciones generaran zozobra y pánico entre los ciudadanos. Y cumplió su palabra: la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, presentó el jueves al Parlamento un instrumento legal que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez sancionar, con penas de seis meses a cuatro años de cárcel, a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra "la estabilidad de las instituciones del Estado", "la paz social, la seguridad e independencia de la nación", la "salud mental o moral pública" y el "orden público", o que "generen sensación de impunidad o de inseguridad" entre la población.
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Mora tinos dixit...
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"La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática"
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Rayma
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